Ley de movilidad sostenible: estrategia e incentivos

La Ley de movilidad sostenible nace para establecer un marco legal ante el gran desafío que supone para España conseguir sus objetivos en cuanto a transición ecológica garantizando un transporte eficiente de personas y mercancías, y basado en energías renovables, digitalización, protección social y educación. 

Dado el amplio espectro de aplicación de la Ley de movilidad sostenible, creemos necesario hablarte de su estrategia y de los incentivos que lleva asociados.  

¿Qué es la Ley de movilidad sostenible? 

La Ley de movilidad sostenible es la respuesta de valor social al reto climático y de salud para conseguir una movilidad limpia y menos vinculada al vehículo privado tanto en transporte de personas como de mercancías. 

Se fundamenta en 4 pilares que definen esta nueva movilidad como: 

  1. Un derecho social. 

  2. Un transporte limpio y saludable.

  3. Un sistema digitalizado e innovador.

  4. Una inversión cualitativa en el bienestar de los ciudadanos. 

Esta ley, que sitúa al ciudadano en el centro de las políticas públicas según detalla el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana –MITMA–, se integra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia orientado a canalizar los fondos europeos para reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 y a fin de construir un futuro más sostenible. 

Ley de movilidad sostenible: estrategia e incentivos

Estrategia española para la movilidad sostenible

La Ley de movilidad sostenible se centra en proporcionar a los ciudadanos y a las empresas un sistema justo e inclusivo con el objetivo de lograr una cohesión social y territorial, así como contribuir a un desarrollo económico resiliente. 

La meta última es lograr un transporte -de personas y mercancías– limpio de emisiones que contribuya a mejorar la calidad del aire en consonancia con el Pacto Verde Europeo

Para conseguirlo, la ley de la movilidad sostenible se apoya en 5 planos de acción: 

  1. Impulsar un sistema seguro, sostenible, accesible, inclusivo y digitalizado asegurando un coste razonable para los usuarios. 

  2. Fomentar un transporte de mercancías y logística que sea eficiente y resiliente. 

  3. Favorecer que las Administraciones Públicas cuenten con las herramientas necesarias para implantar este sistema. 

  4. Fortalecer las políticas públicas de infraestructuras, transporte y movilidad con mecanismos de coordinación, transparencia y cooperación.

  5. Alimentar la participación de la Administración General del Estado en una financiación igualitaria, estable y proporcional. 

Considerar la movilidad sostenible como un derecho implica que se facilite una movilidad activa que cuente con servicios de transporte público regulares, discrecionales o a demanda, además de servicios de movilidad compartida y de movilidad colaborativa.

Como complemento a todas estas acciones, la Ley de movilidad sostenible establece la implementación de un sistema que suministre información al Espacio de Datos Integrado de Movilidad –EDIM–. 

¿Qué es el EDIM?

El EDIM o Espacio de Datos Integrado de movilidad es una herramienta, supervisada por el MITMA en coordinación con la Secretaría del Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, destinada a la centralización de los datos proporcionados por las Administraciones Públicas, los operadores de transporte y los gestores de infraestructura, entre otros actores de la movilidad.

Esta información integral facilitará el análisis de los datos recopilados con el objetivo de poner en marcha soluciones eficientes de movilidad sostenible.

Incentivos para el fomento de la movilidad sostenible

Con la finalidad de establecer y gestionar los incentivos y ayudas a la movilidad sostenible, la Administración General del Estado creó el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad –FESMO-FCPJ–. 

Los servicios públicos que pueden beneficiarse de financiación a través de este fondo son: 

  • Red de autobuses, metros, ferrocarriles y tranvías. 

  • Servicios de movilidad intermodal como los préstamos de bicicletas y similares estipulados en la ley que nos ocupa. 

Estos incentivos se retribuirán mediante subvenciones de concesión directa contra convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. 

Los municipios beneficiarios de estos incentivos para el fomento de la movilidad sostenible deben cumplir alguna de estas condiciones: 

  • Contar con más de 50.000 habitantes empadronados oficialmente. 

  • Tener más de 20.000 habitantes con más de 36.000 unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario. 

  • Ser capitales de provincia o de Comunidades Autónomas aunque no reúnan las condiciones anteriores. 

  • Definirse bajo cualquier forma de entidad pública supramunicipal que gestione los servicios públicos ligados a esta ley. 

  • Contar con un Plan de Movilidad Sostenible. 

Estas subvenciones estatales no podrán superar la cuarta parte del importe total de los proyectos y las tarifas abonadas por los usuarios de los servicios susceptibles de recibir ayudas deberán representar como mínimo el 25 % de los costes operativos. 

Además de cumplir con estos requisitos básicos, existen otros como tener que estar comprometidos con la movilidad y sostenibilidad medioambiental, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de la calidad del aire. 

Asimismo, deberán cumplir con las directrices, los objetivos y las condiciones detalladas en el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible –DOMOS–. 

La Ley de movilidad sostenible está al servicio de los ciudadanos

Tal y como ocurre en el fomento del autoconsumo eléctrico, la Ley de movilidad sostenible busca invertir mejor al servicio de los ciudadanos gracias a: 

  • Mejorar la toma de decisiones en lo que respecta a las inversiones públicas. 

  • Priorizar las necesidades de movilidad cotidiana. 

  • Garantizar la transparencia de las inversiones. 

  • Aumentar la participación en la toma de decisiones.

  • Valorizar la seguridad y el mantenimiento de las estructuras. 

Tal y como apunta el MITECO, el reto climático y la salud exigen una adaptación del sistema de transporte hacia una movilidad más limpia y respetuosa. 

Planes como el PEIT –Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte– o el actual PITVI –Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda– apoyan esta hoja de ruta. 

Del mismo modo, las fuentes energéticas para esa movilidad deben ser la electricidad verde y las energías renovables

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