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La obligación del certificado energético responde a la necesidad de impulsar la mejora de la eficiencia energética de los edificios y regula una clasificación energética que puede afectar a la compraventa de un inmueble.
El objetivo energético planteado en el Pacto Verde Europeo supone una serie de cambios sustanciales en los procesos de edificación y conservación de los inmuebles muchos de los cuales se recogen en los requisitos necesarios para la obtención de dicho certificado.
Por su relevancia, vamos a centrar este artículo en cuándo es obligatorio presentarlo.
El certificado energético es un documento obligatorio que evalúa el rendimiento energético de un inmueble y recoge los resultados de un análisis detallado de sus características entre las que se encuentran la envolvente del edificio y otros aspectos estructurales. También contempla los sistemas de climatización que se instalen y el aislamiento térmico de la construcción.
Su objetivo es determinar la eficiencia energética del inmueble, algo obligatorio desde el año 2013 y que se plasma, como ocurre con los electrodomésticos, en una escala alfabética de la letra A (la más eficiente) a la G (la menos eficiente).
Este certificado garantiza el cumplimiento de la normativa al mismo tiempo que fomenta la sostenibilidad promoviendo un consumo responsable de la energía y unas prácticas de edificación más sostenibles.
Como te hemos comentado, la mayoría de edificios tienen la obligación de solicitar y presentar cuando sea necesario el certificado energético, como puedes comprobar en los 4 contextos que vamos a enumerarte a continuación.
Como ya sabes, en lo que respecta a los edificios de nueva construcción, el certificado energético debe obtenerse antes de su primera ocupación para garantizar que cumple con los requisitos mínimos de eficiencia energética.
La normativa exige se debe informar a los nuevos compradores sobre el rendimiento energético del inmueble.
Cuando se compra, se vende o se alquila un edificio o parte de él, debe anexarse el certificado energético y su correspondiente etiqueta energética junto con las recomendaciones de uso y mejoras viables al contrato de compraventa o alquiler.
Este certificado puede, incluso, aparecer en el contrato de compraventa o alquiler.
Cuando se realizan reformas o ampliaciones de inmuebles según los contextos previstos por la ley. De modo que, aunque el certificado energético tiene una validez de 10 años, va a ser necesario actualizarlo en estas circunstancias.
Por ejemplo, si realizas reformas que afecten a la envolvente térmica de un inmueble, dado que afecta considerablemente a su aislamiento térmico.
Asimismo va a ser necesario actualizarlo para reflejar las mejoras en eficiencia energética que puede brindar un sistema de climatización optimizado, como puede ser colocar un sistema de climatización por aerotermia o una instalación de autoconsumo fotovoltaico.
Cuando toda persona física o jurídica publique o permita la publicación de información sobre la venta o alquiler de un edificio o parte del mismo es necesario presentarlo.
Esto implica, por ejemplo, a agencias inmobiliarias, vallas publicitarias, páginas web, portales inmobiliarios, catálogos, prensa o similares.
Debes saber que si no cumples con la normativa en materia de eficiencia energética puedes recibir sanciones de hasta 6.000 €.
La mayoría de los inmuebles están obligados a solicitar y proporcionar el certificado energético tal y como puedes comprobar en la siguiente lista:
La obligación del certificado energético compete también a todo edificio comercial, cultural, de culto, deportivo o sanitario con una superficie útil total superior a 500 m2.
Te ponemos algunos ejemplos de estos edificios:
Además de todo lo expuesto, el certificado energético es obligatorio para todos los edificios que deban realizar la Inspección Técnica del Edificio o cualquier inspección equivalente.
Quedan exentos de presentar el certificado energético los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico, las construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años, los edificios destinados a talleres o a procesos industriales, de defensa y agrícolas no residenciales.
Del mismo modo, no están obligados a solicitar el certificado energético los edificios adquiridos para su demolición o para realizar una reforma de peso, como tampoco las construcciones que cuenten con una superficie inferior a 50 m2 siempre que no estén conectadas con otros inmuebles.
La obligación del certificado energético se establece en 2013 a través del Real Decreto 235/2013 –disposición derogada actualmente– en el que se indica que el vendedor o arrendador debe poner a disposición de compradores o usuarios de los edificios, el certificado de eficiencia energética.
El objetivo es que unos y otros comprueben la clasificación y características energéticas de las construcciones para poder compararlas con otras propuestas o para validar proyectos de mejora.
El certificado energético supone además una herramienta clave en el proceso de transformación energética que aboga porque Europa sea el primer continente libre de emisiones de gases de efecto invernadero en el 2050, tal y como se pone de manifiesto en el Pacto Verde Europeo.
No obstante, los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios habían quedado detallados unos años antes en el Real Decreto 314/2006 en el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación –CTE–, concretamente en los artículos 4, 5 y 6.
La evolución de la tecnología, así como los grandes retos en materia de acción climática se centran hoy en mejorar la eficiencia y en potenciar la rehabilitación energética de los edificios.
Este proceso ha originado que sea necesario actualizar la información con respecto a la certificación energética de los edificios en el Real Decreto 390/2021. Este nuevo documento legal otorga, además, mayor predominancia a las energías renovables como fuente de abastecimiento de energía limpia.
Las sanciones en materia de certificación energética de edificios, así como su graduación se establecen en el Real Decreto Legislativo 7/2015 tal y como sigue:
El importe de la sanción corresponde al daño producido, al enriquecimiento obtenido injustamente y a la concurrencia de intencionalidad o reiteración.
Además de estas sanciones pueden sentarse preceptos que constituyan infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
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